Alberto Arteaga Sánchez // Juristas del horror
La justicia estaba obligada a someterse a la voluntad del caudillo
Carlos Armando Figueredo, abogado y profesor universitario venezolano, ha traducido la obra deIngo Müller Los Juristas del Horror (Editorial Actum, Caracas, 2006 ), interesante trabajo en el cual se relata, en forma documentada , lo que ocurrió en Alemania, a partir de l933, con el advenimiento al poder del partido nacionalsocialista, período en el cual, como lo anota Eduardo Casanova, en el prólogo a la edición en español, en ese país, la administración de justicia cayó en manos de juristas politizados, convencidos con fanatismo y mentes primitivas de que en un proceso revolucionario como lo fue el proceso nacionalsocialista, la justicia estaba obligada a someterse a la voluntad del caudillo porque éste estaba por encima del bien y del mal .
Académicos, tratadistas, magistrados y fiscales, dieron su apoyo a postulados negadores de la seguridad jurídica, absolutamente contrarios a un sistema apegado al respeto a los derechos humanos, para apuntalar un régimen genocida, desconocedor de las normas más elementales de la civilidad y de la conciencia jurídica, que se habían asentado con el tiempo, superada la arbitrariedad como ley suprema.
La irretroactividad de la ley, el principio de reserva legal o la exclusividad de la privación de la libertad por orden de un tribunal, resultaron marginados por el nuevo sistema que, en definitiva, estableció como principio fundamental la defensa del Estado, justificación de cualquier acto, estimándose que el ciudadano debía estar al servicio de aquel y no a la inversa.
En síntesis, durante ese oscuro período de la historia de un pueblo de filósofos, científicos y artistas, el derecho se convirtió en una herramienta de dominación, de venganza y de discriminación, en manos de jueces e intérpretes.
Sin duda, las revelaciones y reflexiones de este libro son oportunas en el momento que vive Venezuela y en el que se pretende crear un nuevo orden con instrumentos legales ad hoc y con la cooperación de funcionarios al servicio del régimen, dispuestos a complacer a quien detenta el poder, pasando por encima de principios consustanciales con un sistema de libertades.
Entre nosotros, la justicia penal, con la honrosa excepción de magistrados dispuestos a sacrificar su carrera por servir a la ley, a la justicia y al derecho, exhibe decisiones insostenibles que han afectado la libertad de las personas, con el argumento de complacer al que manda.
La condena por ofensas a instituciones ante el mero hecho de expresar una opinión; la prisión decretada por considerar autor del delito de rebelión a quien dirigió un paro a la luz del día; la sentencia a cinco años de prisión, suspendida, a quien pronunció un discurso en una plaza pública; la persecución penal contra directivos de una institución por haber recibido donaciones para fines lícitos; los juicios por vilipendio, instigación al odio, calumnia, traición a la Patria o por otros tipos delictivos jamás aplicados en Venezuela; todo ello constituye una campanada de alerta, de luz roja encendida, por la manifiesta vulneración de principios de una sociedad democrática.arteagasanchez@cantv.net
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