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Torturas en revolución
Golpes, descargas eléctricas, amenazas de violación y torturas sicológica, aplicación de sustancias químicas, son algunas de las formas de tortura aplicadas a manifestantes detenidos. Por Francisco Olivares
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Foro Penal acumula 59 casos de violación a DDHH que serán llevados ante Corte Penal. CORTESÍA @MEDIOCRETINA
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EL UNIVERSAL
domingo 20 de abril de 2014 12:00 AM
Una de las situaciones más dramáticas sufridas en estos dos meses por los detenidos en manifestaciones ha sido "el sufrimiento físico y mental" al que han sido sometidos la mayoría de ellos con "tratos crueles, inhumanos y degradantes que se ajustan a la definición de tortura". Así lo destaca el informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
La UCAB realizó entrevistas en profundidad sobre un grupo de 30 detenidos, de los cuales 27 fueron estudiantes. Las entrevistas se realizaron entre el 24 de febrero y el 7 de marzo, en Caracas y Altos Mirandinos. El cuestionario utilizado se adapta a los estándares internacionales sobre derechos vulnerados.
Si bien las entrevistas se realizaron sobre 30 detenidos, entre más de 2 mil que han sido llevados a prisión, los relatos provenientes de todas las zonas del país en donde se han producido manifestaciones, indican que se trata de una generalidad.
Los testimonios recogidos por la UCAB, así como los medios de comunicación y otras organizaciones de DDHH, dan cuenta de "la existencia de patrones de represión y control del orden público contrarios al uso proporcional de la fuerza y a las garantías mínimas de toda persona sometida a cualquier forma de detención y a los estándares básicos de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes", destaca el informe.
Golpes y agresiones
La definición de tortura, vigente en la Convención contra la tortura de la ONU señala que es: "todo acto que inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por una acto que haya cometido, o de intimidarla o coaccionar a esa persona o otras, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejerció de funciones públicas, a instigación suya, o su consentimiento."
El tipo de maltrato físico que más fue reportado entre los entrevistados fue el de golpes con puños y patadas. La tercera parte de estas acciones fueron durante el traslado y en especial en los centros de reclusión de la GNB y CICPC. Cabe destacar que la mayoría de los detenidos estuvieron incomunicados al menos durante 48 horas antes de que pudieran contactar a un familiar. Los golpes reportados también se realizaron con las cachas de las armas tal como lo relata Joaquín Sumalla: "A mí me golpearon entre 5 a 6 funcionarios, me dieron como siete cachazos en la cabeza".
Este tipo de violencia, fuera de este informe, ha sido reportado en numerosos casos en todo el país. El que más se difundió fue la agresión que recibió Marvinia Jiménez, atacada por una funcionaria con un casco. A Jorge Luis León de Valencia le reventaron los vidrios de los lentes en los ojos y le pasaron por encima en una moto. Edberg Cantillo, detenido el 28 de febrero, lo atropellaron con una moto y luego entre varios lo golpearon con rolos por la espalda y la cabeza hasta que lo dejaron inconciente. En camino al Destacamento 52 de la GNB lo despertaron con descargas eléctricas para luego rematar la acción golpeándolo con los cascos.
De rodillas sin alimentos
Una vez en el centro de detención, algunos reportaron haber pernoctado a la intemperie sin ingerir alimentos ni agua. Del grupo de entrevistados 11 señalaron haber sido puestos de rodilla sobre una alcantarilla por largos períodos. Tal fue el caso de Angel González quien relató que lo dejaron unas 5 horas arrodillado a pesar de que sufre de una lesión en una de ellas. Si volteaban a se movían eran golpeados. Otras funcionarias les pisaban los dedos con los tacones.
Varios detenidos reportaron la aplicación de sustancias químicas tales como gas pimienta y combustible El relato de Damián Martín da cuenta de ello. Martín fue capturado por el CICPC y narra cómo le aplicaron gas pimienta en la cara y lo golpearon con cascos en el trayecto hacia la sede en Parque Carabobo. Una vez allí, los funcionarios hicieron una fila donde cada uno le pegaba y le gritaban ¡opositor maldito! ¡te las das de arrecho carajito! Uno de ellos le dio una patada en el estómago que lo dejó casi inconciente. Luego lo metieron en un cuarto y un funcionario alto y fornido le dio un golpe en la cara luego otro hizo lo mismo. Allí terminó vomitando por el gas y los golpes frente a la burla de los funcionarios.
Gasolina y kerosene
Otros casos reportaron la aplicación de sustancias como gasolina, kerosene y pólvora, para incriminarlos. Nelson Gil manifiesta que los funcionarios seleccionaron a un grupo para incriminarlos en la quema de una patrulla. "Nos llevaron uno por uno a una habitación". Allí mientras un funcionario lo retenía, otro le rociaba las manos con gasolina y le ordenaba que se limpiara con el pantalón. A Marco Coello lo arrodillaron le rociaron las manos con pólvora y más tarde le hicieron una prueba balística. Coello fue detenido el 12 de febrero y aún permanece tras las rejas.
A Luis Boada lo pusieron de rodillas con la cara tapada, le rociaron todo el cuerpo con gasolina y lo amenazaron con quemarlo.
Técnicas sin rastro
Las técnicas para torturar sin dejar rastro también se han utilizado. Marco Coello refiere que estando arrodillado le presentaron una declaración ya redactada por los funcionarios en la que le dijeron: "firma esta declaración en la que dice que tu eres responsable de la quema de las patrullas". Al negarse a firmar la declaración lo amenazaron con volver a golpearlo. Al negarse lo llevaron esposado a un cuarto oscuro, le envolvieron el cuerpo con goma espuma. Así lo golpearon con bates y palos de golf y un extinguidor. También le dieron tres choques eléctricos y patadas. Todos estos hechos fueron ejecutados por siete funcionarios. La narración está en el informe de la UCAB.
Destaca el informe que muchas de las secuelas físicas de dolor, así como hematomas y heridas, permanecía presentes al momento de las entrevistas, a pesar de que éstas se realizaron con más de 10 días de haber ocurrido las torturas, lo que para los autores del informe, evidencia la aplicación de un sufrimiento físico orientado a ocasionar dolor o sufrimiento, independientemente que su propósito haya sido la obtención de información o la intimidación y coacción de los detenidos.
Maltrato sicológico
Entre los 30 entrevistados por los expertos de la UCAB se encontró que siete de los detenidos fueron amenazados con abuso sexual a los que fueron expuestos cuatro hombres y tres víctimas de sexo femenino, una de ellas menor de edad.
A la periodista Andrea Jiménez se le amenazó con abusar sexualmente de ella, con mutilarle extremidades, con matarla y con llevarla al INOF en donde sería igualmente violada. A Lisset Francis, además de amenazarla con dispararle, sus captores le hicieron insinuaciones de acoso sexual al referirse a ella como "carne fresca". A la menor de edad, cuyo nombre está en reserva, la amenazaron con abusar sexualmente de ella y que luego la matarían. No le permitieron tener contacto con los abogados hasta pocas horas antes de la audiencia.
Algunos fueron obligados a escuchar los golpes y gritos que se producían en otra habitación donde otra persona estaba siendo sometida a torturas. Pierluigi Di Silvestre fue detenido con sus tres hijos, lo obligaron a presenciar cómo efectivos de la GNB golpeaban a sus hijos.
Como mecanismo de intimidación, para evitar que los detenidos denunciaran la violación a sus derechos, se les amenazaba con que podían "hacerles algo más adelante"; "no vayas a decir nada, tengo las llaves de tu casa y sé dónde vives"; "cuidado en la calle los vamos a estar siguiendo".
twitter: folivares10
La UCAB realizó entrevistas en profundidad sobre un grupo de 30 detenidos, de los cuales 27 fueron estudiantes. Las entrevistas se realizaron entre el 24 de febrero y el 7 de marzo, en Caracas y Altos Mirandinos. El cuestionario utilizado se adapta a los estándares internacionales sobre derechos vulnerados.
Si bien las entrevistas se realizaron sobre 30 detenidos, entre más de 2 mil que han sido llevados a prisión, los relatos provenientes de todas las zonas del país en donde se han producido manifestaciones, indican que se trata de una generalidad.
Los testimonios recogidos por la UCAB, así como los medios de comunicación y otras organizaciones de DDHH, dan cuenta de "la existencia de patrones de represión y control del orden público contrarios al uso proporcional de la fuerza y a las garantías mínimas de toda persona sometida a cualquier forma de detención y a los estándares básicos de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes", destaca el informe.
Golpes y agresiones
La definición de tortura, vigente en la Convención contra la tortura de la ONU señala que es: "todo acto que inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por una acto que haya cometido, o de intimidarla o coaccionar a esa persona o otras, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejerció de funciones públicas, a instigación suya, o su consentimiento."
El tipo de maltrato físico que más fue reportado entre los entrevistados fue el de golpes con puños y patadas. La tercera parte de estas acciones fueron durante el traslado y en especial en los centros de reclusión de la GNB y CICPC. Cabe destacar que la mayoría de los detenidos estuvieron incomunicados al menos durante 48 horas antes de que pudieran contactar a un familiar. Los golpes reportados también se realizaron con las cachas de las armas tal como lo relata Joaquín Sumalla: "A mí me golpearon entre 5 a 6 funcionarios, me dieron como siete cachazos en la cabeza".
Este tipo de violencia, fuera de este informe, ha sido reportado en numerosos casos en todo el país. El que más se difundió fue la agresión que recibió Marvinia Jiménez, atacada por una funcionaria con un casco. A Jorge Luis León de Valencia le reventaron los vidrios de los lentes en los ojos y le pasaron por encima en una moto. Edberg Cantillo, detenido el 28 de febrero, lo atropellaron con una moto y luego entre varios lo golpearon con rolos por la espalda y la cabeza hasta que lo dejaron inconciente. En camino al Destacamento 52 de la GNB lo despertaron con descargas eléctricas para luego rematar la acción golpeándolo con los cascos.
De rodillas sin alimentos
Una vez en el centro de detención, algunos reportaron haber pernoctado a la intemperie sin ingerir alimentos ni agua. Del grupo de entrevistados 11 señalaron haber sido puestos de rodilla sobre una alcantarilla por largos períodos. Tal fue el caso de Angel González quien relató que lo dejaron unas 5 horas arrodillado a pesar de que sufre de una lesión en una de ellas. Si volteaban a se movían eran golpeados. Otras funcionarias les pisaban los dedos con los tacones.
Varios detenidos reportaron la aplicación de sustancias químicas tales como gas pimienta y combustible El relato de Damián Martín da cuenta de ello. Martín fue capturado por el CICPC y narra cómo le aplicaron gas pimienta en la cara y lo golpearon con cascos en el trayecto hacia la sede en Parque Carabobo. Una vez allí, los funcionarios hicieron una fila donde cada uno le pegaba y le gritaban ¡opositor maldito! ¡te las das de arrecho carajito! Uno de ellos le dio una patada en el estómago que lo dejó casi inconciente. Luego lo metieron en un cuarto y un funcionario alto y fornido le dio un golpe en la cara luego otro hizo lo mismo. Allí terminó vomitando por el gas y los golpes frente a la burla de los funcionarios.
Gasolina y kerosene
Otros casos reportaron la aplicación de sustancias como gasolina, kerosene y pólvora, para incriminarlos. Nelson Gil manifiesta que los funcionarios seleccionaron a un grupo para incriminarlos en la quema de una patrulla. "Nos llevaron uno por uno a una habitación". Allí mientras un funcionario lo retenía, otro le rociaba las manos con gasolina y le ordenaba que se limpiara con el pantalón. A Marco Coello lo arrodillaron le rociaron las manos con pólvora y más tarde le hicieron una prueba balística. Coello fue detenido el 12 de febrero y aún permanece tras las rejas.
A Luis Boada lo pusieron de rodillas con la cara tapada, le rociaron todo el cuerpo con gasolina y lo amenazaron con quemarlo.
Técnicas sin rastro
Las técnicas para torturar sin dejar rastro también se han utilizado. Marco Coello refiere que estando arrodillado le presentaron una declaración ya redactada por los funcionarios en la que le dijeron: "firma esta declaración en la que dice que tu eres responsable de la quema de las patrullas". Al negarse a firmar la declaración lo amenazaron con volver a golpearlo. Al negarse lo llevaron esposado a un cuarto oscuro, le envolvieron el cuerpo con goma espuma. Así lo golpearon con bates y palos de golf y un extinguidor. También le dieron tres choques eléctricos y patadas. Todos estos hechos fueron ejecutados por siete funcionarios. La narración está en el informe de la UCAB.
Destaca el informe que muchas de las secuelas físicas de dolor, así como hematomas y heridas, permanecía presentes al momento de las entrevistas, a pesar de que éstas se realizaron con más de 10 días de haber ocurrido las torturas, lo que para los autores del informe, evidencia la aplicación de un sufrimiento físico orientado a ocasionar dolor o sufrimiento, independientemente que su propósito haya sido la obtención de información o la intimidación y coacción de los detenidos.
Maltrato sicológico
Entre los 30 entrevistados por los expertos de la UCAB se encontró que siete de los detenidos fueron amenazados con abuso sexual a los que fueron expuestos cuatro hombres y tres víctimas de sexo femenino, una de ellas menor de edad.
A la periodista Andrea Jiménez se le amenazó con abusar sexualmente de ella, con mutilarle extremidades, con matarla y con llevarla al INOF en donde sería igualmente violada. A Lisset Francis, además de amenazarla con dispararle, sus captores le hicieron insinuaciones de acoso sexual al referirse a ella como "carne fresca". A la menor de edad, cuyo nombre está en reserva, la amenazaron con abusar sexualmente de ella y que luego la matarían. No le permitieron tener contacto con los abogados hasta pocas horas antes de la audiencia.
Algunos fueron obligados a escuchar los golpes y gritos que se producían en otra habitación donde otra persona estaba siendo sometida a torturas. Pierluigi Di Silvestre fue detenido con sus tres hijos, lo obligaron a presenciar cómo efectivos de la GNB golpeaban a sus hijos.
Como mecanismo de intimidación, para evitar que los detenidos denunciaran la violación a sus derechos, se les amenazaba con que podían "hacerles algo más adelante"; "no vayas a decir nada, tengo las llaves de tu casa y sé dónde vives"; "cuidado en la calle los vamos a estar siguiendo".
twitter: folivares10
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LECTURA COMPLEMENTARIA: "SE LLAMABA SN":
Se llamaba SN
Saltar a: navegación, búsqueda
Se llamaba SN
Autor
José Vicente Abreu
Género
novela
Idioma
español
País
Venezuela
Fecha de publicación
1964
Se llamaba SN, novela histórica escrita por José Vicente Abreu publicada por primera vez en 1964.
Reseña[editar]
«Se llamaba SN». El titulo hace referencia a la Dirección de Seguridad Nacional, policía Política durante la dictadura militar del General de División Marcos Pérez Jiménez en la Venezuela de la década de los cincuenta.
Esta novela cuenta la historia del escritor desde el momento de su detención en abril de 1952, por funcionarios de la Dirección de Seguridad Nacional (SN), así como de las crueles torturas a las que fue sometido por su participación en la disidencia política de la época. El libro está dividido en dos capítulos: Seguridad Nacional y Guasina.
En el segundo capítulo, el autor narra su deportación al Campo de concentración de Guasina en el Delta del Orinoco y finaliza los últimos días de noviembre de 1952, antes que cierren el campo de concentración. Estas luchas políticas estuvieron dirigidas por el Dr. Leonardo Ruiz Pineda, aunque lo nombre solo de manera referencial en el texto.
Ha sido editado muchas veces y fue el primer testimonio directo sobre las torturas y maltratos que aplicó la policía perezjimenista a los militantes de Acción Democrática (AD) y del Partido Comunista de Venezuela (PCV) durante la década de la dictadura militar en Venezuela entre los años 1948 y 1958.
De la primera edición se hizo un ejemplar numerado para el General Marcos Pérez Jiménez.
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