LOS JURISTAS DEL HORROR--21--07--09--

--(www.analitica.com, Caracas, Venezuela, 21-07-09)--


Presentación del libro "Los Juristas del Horror"
Alfredo Morles
Miércoles, 29 de noviembre de 2006

Palabras del Dr. Alfredo Morles Hernández, Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en la presentación de la edición castellana del libro Los Juristas del Horror del Prof. Ingo Müller, traducido del alemán por el Prof. Carlos Armando Figueredo, acto realizado el día martes 28 de noviembre de 2006, en el Paraninfo del Palacio de las Academias


Señores Presidentes de las Academias Nacionales
Señores Decanos de las Facultades de Derecho
Señores Miembros del Cuerpo Diplomático
Señores Académicos
Señoras y Señores


Estamos reunidos aquí por un acontecimiento singular, la presentación del libro Los Juristas del Horror de un jurista alemán, el Profesor Ingo Müller, en la versión castellana de nuestro distinguido compatriota, el Dr. Carlos Armando Figueredo, libro que da respuesta a estas preguntas que hace el prologuista de la obra:

“¿Qué pasa cuando la justicia deja de ser independiente y se hace política? ¿Qué ocurre cuando la justicia se pliega a los amos del poder en un país?” y el mismo prologuista responde: “En el caso de la Alemania nazi, lo que pasó fue inenarrable: No menos de seis o siete millones de ciudadanos, hombres, mujeres y niños, asesinados. Millones de desplazados, de muertos por hambre y enfermedades. Centenares de miles de ciudadanos perseguidos y martirizados. Miles de personas inocentes privadas de sus derechos más elementales. Centenares de miles de seres humanos condenados por jueces y fiscales que actuaban, aparentemente, bajo el imperio de la Ley”


En el siglo XX, a pesar de los avances del pensamiento filosófico, de las teorías políticas y de la prédica de la tolerancia por el cristianismo, se asistió a algunos de los más catastróficos ensayos de regímenes totalitarios. El siglo XX vio surgir, desarrollarse y sucumbir al nazismo, al fascismo y al comunismo sobre la base de planteamientos teóricos que colocaban al hombre en segundo lugar, postergado por un supuesto interés social definido y delimitado por el respectivo régimen despótico, y presenció el sacrificio de millones de hombres sin que se hubieran alcanzado los paraísos prometidos y sin que se hubiera creado el hombre nuevo, a no ser que se considerara como tal a genocidas como Hitler y Stalin, a las bandas de genocidas organizadas en cuerpos policiales y en ejércitos de ocupación, a los que diseñaron los campos de concentración y ejecutaron el Holocausto, a los que dirigieron los gulags soviéticos y ahora mantienen a los disidentes en las cárceles cubanas y a los demás ciudadanos de Cuba vigilados y controlados por los comités de barrios.

Las confrontaciones del siglo XX dejaron incólume el modelo de gobierno democrático constitucional basado en la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial definido por Montesquieu desde el siglo XVIII, modelo probado por la historia, matizado en sus diversas variantes, imperfecto pero insustituible.

Todo jurista, todo político, todo ciudadano, ha de ver con sospecha los intentos por debilitar el modelo básico que está plasmado en los textos constitucionales modernos, como ha de ver con igual sospecha el intento por adulterar la distinción entre ius y lex, distinción que equivale a la que existe entre leyes permanentes y leyes temporales, por una nueva distinción que sustituye las leyes permanentes por el derecho revolucionario. Ya esta sustitución se ensayó sin éxito en la antigua Unión Soviética durante setenta años y se practica en Cuba desde hace cuarenta y ocho. Ambas experiencias están a la vista. En Venezuela se observan intentos para acudir, a pesar del desprestigio que alcanzó en la antigua Unión Soviética, al discutible, difuso y arbitrario derecho revolucionario y a pretender hacer prevalecer el valor justicia por encima del valor derecho, como que si aquella estuviera ausente en éste y no formara parte de él. Tal forma de razonar es, casi siempre, una coartada para no aplicar la norma jurídica o un artificio para acomodar la interpretación a intereses políticos.

No obstante la negativa experiencia histórica de los totalitarismos, en Venezuela se observa una tendencia deliberadamente dirigida hacia la construcción de un modelo político que proclama la exclusión y niega el pluralismo. Estos hechos forman parte de la progresiva configuración de un modelo autoritario que se dirige hacia “el socialismo del siglo XXI”. Los modelos autoritarios conforman un sistema político policial en el cual los jueces son utilizados como instrumentos de criminalización de la actividad política. En el libro de Ingo Müller, traducido al castellano por el profesor venezolano Carlos Armando Figueredo, se da cuenta de la abyección a la que llegaron algunos de los juristas más cultos de la tierra, los juristas alemanes, al servicio del totalitarismo nazi. Se afirma en el libro que esclarecidos juristas reconocieron en esa época cuán lejos había ido la Corte Suprema del Reich en su perversión de la justicia con su mensaje de que el interés del Estado estaba por encima del derecho. El mensaje estaba contenido, además, en una reflexión del gran jurista Carl Schmitt, quien había resumido la nueva doctrina jurídica así: “La totalidad del derecho alemán hoy en día…debe regirse sólo y exclusivamente por el espíritu del nacionalsocialismo…Cada interpretación debe ser una interpretación según el nacionalsocialismo”. Por implicación los crímenes más espantosos no eran punibles si se cometían en interés del estado, mientras que actos legales eran punibles si eran contrarios al mismo.

El principio jurídico fundamental de la dictadura nazi fue que es derecho todo lo que beneficie al pueblo, lo cual permitió apoyar y darle trato preferencial a los delincuentes acusados que habían actuado por motivos “nacionalistas”. Uno de los jueces más prominentes de entonces declaró que el trabajo de los jueces no debería ser restringido por principios de seguridad jurídica formalista y abstracta, sino que los jueces deberían hallar líneas claras en las opiniones jurídicas del pueblo y del caudillo (Führer). El eco venezolano de esta ideología está contenido en el pensamiento de un ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, para quien “el derecho es una técnica normativa puesta al servicio de una política” y “la interpretación es un esfuerzo de racionalización de la función judicial al servicio del proyecto político prevalente”.

Está muy vivo en Venezuela en este momento el enfrentamiento entre una orientación política que exalta al sistema socialista fracasado en la Unión Soviética, que califica a Cuba como país que vive en “el mar de la felicidad” y que reniega de un sistema capitalista calificado como salvaje; y, por otra parte, una actitud de resistencia y de reserva ante tal orientación, porque la defensa de los derechos humanos ha sido llevada a cabo, en muchas ocasiones, frente a espantosos atropellos, no casuales sino sistemáticos, ocurridos precisamente en esos países y en lugares similares a los cuales les fue impuesto el sistema socialista de democracia popular. Preocupa a quienes no ven con entusiasmo la orientación política oficial el uso de los mismos argumentos y la utilización de los mismos mecanismos de desprestigio que antes se usaron y utilizaron en la antigua Unión Soviética, en las repúblicas de Europa del Este y todavía son moneda corriente en Cuba y en Corea del Norte contra las personas y contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos. En Cuba los ciudadanos son divididos en revolucionarios y gusanos. En Venezuela en revolucionarios y traidores a la patria.

Quienes hacen ciencia pura o experimental o investigación humanística no pueden olvidar la relación perturbadora que existió entre los científicos y los políticos en el poder bajo los regímenes nazi-fascistas y comunistas. Tampoco olvidan que existe consenso en atribuir al siglo XX el haber sido el período de la humanidad en que se hicieron visibles no sólo los resultados de las altas tecnologías modernas, sino también los de las modernas teorías científicas: la relatividad, la física cuántica y la genética, de un modo que la ciencia llega a ser algo sin lo cual la vida cotidiana es inconcebible en cualquier parte del mundo. También saben que el modo de ver los descubrimientos científicos en el mundo democrático occidental y en el mundo nazi-fascista-comunista ha sido muy diferente: en el mundo capitalista, aunque sean muy esotéricas e incomprensibles las innovaciones científicas, una vez logradas se traducen casi inmediatamente en tecnologías prácticas. Así, los transistores surgieron, en 1948, como un subproducto de investigaciones sobre la física de los sólidos, es decir, de las propiedades electromagnéticas de cristales ligeramente imperfectos; como sucedió con el láser en 1960, que no surgió de estudios sobre óptica, sino de trabajos para hacer vibrar moléculas en resonancia con un campo eléctrico.

En el mundo de las dictaduras la situación fue muy distinta: en la Alemania nazi se prohibió explicar la teoría de la relatividad y cuando a un influyente científico (Werner Heisenberg) se le permitió hacerlo, se le prohibió mencionar el nombre de Einstein, porque era judío. Pero la historia de la ciencia en la URSS es mucho más lamentable. Se refiere que en la época de Stalin el régimen soviético se enfrentó con la genética, tanto por razones ideológicas como porque la política estatal estaba comprometida con el principio de que, con un esfuerzo suficiente, cualquier cambio era posible, aunque la ciencia señalaba que este no era el caso en el campo de la evolución en general y en el de la agricultura en particular. La mayoría de los biólogos evolucionistas soviéticos, como los biólogos evolucionistas del mundo entero, eran partidarios de Darwin, en el sentido de que la herencia era genética. Una minoría era partidaria de la tesis de Lamarck y creía en la transmisión hereditaria de los caracteres adquiridos y practicados durante la vida de una criatura, aunque nunca se encontraron pruebas de esta teoría. Bajo Stalin, un biólogo marginal, Lysenko, obtuvo el apoyo de las autoridades porque argumentaba que la producción agropecuaria se podía multiplicar aplicando métodos lamarckianos. El resultado para la ciencia soviética fue devastador y el académico Vavilov, el genetista soviético de mayor prestigio (darwinista) fue a parar a un gulag, donde murió, por estar en desacuerdo con Lysenko. En el campo de las ciencias jurídicas la relación entre la investigación y los regímenes totalitarios es más que perturbadora. Al derecho se le niega su condición de ciencia y se le atribuye una cualidad de subproducto cultural, pensamiento derivado, superestructura, que junto con la religión, deriva de la estructura única, la estructura económica. A esa situación hay que agregarle la interpretación judicial del ordenamiento jurídico, interpretación que tiene como norte en los regímenes despóticos el cumplimiento de los fines totalitarios. Para los jueces del sistema totalitario, los recursos de la dialéctica, de la racionalidad y del pensamiento lógico deben ser puestos de lado en favor del triunfo de la ideología oficial. Venezuela se encamina hacia allá con pasos acelerados de la mano del socialismo del siglo XXI, ambigua denominación de la vieja ideología comunista fracasada en el siglo XX. Quienes hacen vida en los institutos de investigación del país tienen la obligación de reaccionar para defender la condición de ciencia de la disciplina que cultivan y para preservar el principio enunciado desde el siglo XII por Pedro Abelardo: “La investigación se emprende con el estímulo de la duda, y por medio de la investigación se llega al conocimiento de la verdad”. Tal como ha sido observado, esta fórmula general esclarece el carácter problemático del pensamiento y constituye la premisa de toda indagación crítica. Es una duda metódica, es un control crítico permanente, assidua seu frequens interrogatio. Desde el punto de vista de los valores, los cristianos disponemos, entre otras fuentes, de los excelsos catálogos comprendidos en la Encíclica Pacem in Terris, es decir, sobre la paz entre todos los pueblos, que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. La parte primera sobre la convivencia humana y la parte segunda sobre las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos constituyen criterios de la Encíclica Pacem in Terris de los cuales no pueden apartarse las constituciones, las leyes o las decisiones judiciales. Los derechos humanos, los derechos económicos, los derechos de reunión y asociación, el derecho a intervenir en la vida pública, el derecho a la seguridad jurídica, el sometimiento de la autoridad al orden moral, la congruencia de la ley con la recta razón, sin la cual se está frente a una ley injusta según Santo Tomás, la necesidad de que el régimen político sea una auténtica democracia, son valores que atribuyen legitimidad al orden jurídico, al sistema político y a las decisiones judiciales. Sin tal sustento, el sistema carece de legitimidad cristiana y de cualquier otra legitimidad. Los investigadores no pueden dejar de tener en cuenta tales criterios a la hora de valorar la idoneidad de las situaciones sometidas a su examen. Además, los valores contenidos en la Encíclica Pacem in Terris vienen de muy lejos, arrastran toda la densidad del pensamiento cristiano acumulado y perfeccionado a lo largo de siglos y representan la cristalización y el refinamiento de la mejor experiencia del hombre.

El extraordinario libro de Ingo Müller, en la traducción que de él ha hecho nuestro culto compatriota Carlos Armando Figueredo, aparece en un momento oportuno, en un momento de inflexión en nuestra historia, en un momento en que se va a decidir entre la libertad y la dictadura, entre la democracia y el totalitarismo, entre la civilización y la barbarie. Nunca en el mundo ningún régimen totalitario de signo comunista se ha instalado en el poder por la vía democrática de las elecciones libres y transparentes. El actual proceso electoral venezolano ha sido calificado de fraudulento: un fraude que se puso en ejecución con el inicio anticipado de la campaña electoral; un fraude que se ha materializado en el uso abusivo de los recursos públicos; un fraude que se manifiesta en el uso de la violencia contra grupos de electores; un fraude que se hace presente en la desigualdad entre los contendores; un fraude que se basa en tratamiento informático de información susceptible de manipulación; un fraude que se configura con la inexistencia de un árbitro independiente; un fraude que puede culminar el día de la elección con la manipulación informática de los resultados; un fraude que permite dictar una resolución ministerial que prohibe las reuniones el día de la elección, de modo inconstitucional; un fraude que mantiene a los disidentes amenazados si intentan una protesta. Este fraude continuado, similar al delito continuado, por su propia naturaleza genera el peligro del desconocimiento por parte de quien resulte afectado por la derrota, porque aunque el triunfador saque una mayoría significativa u obtenga una avalancha de votos, su reelección estaría viciada de nulidad absoluta, porque el abuso de derecho y la violencia durante la campaña no pueden ser sanados por el acto de elección, por más rotunda que sea la mayoría que lo reelija. El valor jurídico sustantivo del proceso electoral estaría ausente, porque el acto de voluntad personal, parte del proceso de manifestación de voluntad colectiva, estaría afectado por vicios insubsanables. El libro de Ingo Müller traducido por Carlos Armando Figueredo, nos enseña que el sistema judicial de los regímenes totalitarios es un instrumento en manos de quienes ejercen el poder, de modo que los jueces estarán listos para aplicar el derecho revolucionario. Contra el peligro de que esa situación se instale definitivamente en Venezuela nos debemos manifestar, mientras haya tiempo para hacerlo y quede lugar donde hacerlo.

interlegal@cantv.net


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