Bacanal en Miranda
Las primeras estimaciones de la nueva administración mirandina ubican en más de 230 millones de bolívares fuertes el daño patrimonial cometido contra esa entidad, y sólo en 2008.
La aclaratoria de que se trata de un estimado parcial apunta a que las próximas rectificaciones serán siempre hacia arriba: en más de 230 millones de bolívares fuertes (230 mil millones de los de antes) calculan el daño patrimonial ocasionado por los anteriores ocupantes de la Gobernación del estado Miranda. Y eso, advierte el procurador regional, Rafael Guzmán, apenas se refiere a casos ocurridos durante 2008. "Son las primeras investigaciones", explica. Y resume su impresión al ocupar el despacho de la Procuraduría tras el cambio de mando: "Fue una bacanal administrativa lo que hicieron durante las últimas semanas de gobierno, incluso durante el período de transición y en general a lo largo de todo 2008, que es el año que hemos estado revisando". Algo de esto ya fue denunciado de manera formal ante la Fiscalía General de la República y otras situaciones están juntándose en un expediente que pronto se presentará ante esa misma instancia. Una de ellas se refiere a compras de inmuebles que serían, supuestamente, destinados como viviendas para los médicos cubanos desplegados en misión en ese estado. Esas adquisiciones se hicieron a través de la Corporación para el Mantenimiento del Estado Bolivariano de Miranda, Corpomir, y entre febrero y octubre del año pasado suman 22 millones 376 mil 780 bolívares fuertes. Eso, al menos, en una lista de los 34 pagos que se han podido verificar hasta el momento. Todas las órdenes de pago están aprobadas y firmadas por el entonces presidente de Corpomir, Fredy Oswaldo Rodríguez González, y se materializaron en cheques de gerencia emitidos en la sucursal de Banesco del centro comercial Nuevos Teques. Para el equipo que analiza las cuentas hay cosas que llaman la atención, empezando por el hecho mismo de que los expedientes de esas negociaciones no se encuentran acompañados de sus respectivos contratos de compraventa. Hasta ahora sólo han encontrado las órdenes de pago y las copias de las notas de débito y de los cheques a nombre de cada vendedor, pero más allá de indicaciones generales como "Adquisición de vivienda Sucre (Cementerio de Petare)" o "Casas CDI Chuao", se desconoce incluso hasta las direcciones exactas de los inmuebles. "No hay avalúos que sostengan esas compras", detalla Guzmán: "Y lo lógico es que en esos casos pidas el avalúo para determinar si el precio de venta está dentro del mercado. Pero es que además de todo, esas adquisiciones deberían estar incluidas en el plan operativo de la institución y ese plan ni siquiera existe". Tampoco queda claro en todas las transacciones de qué partidas presupuestarias salió el dinero y menos aún si había o no eso que llaman "disponibilidad". "Aquí estamos ante un caso de adquisición de inmuebles sin cumplimiento de las formalidades. Y la ausencia de avalúos y los montos pagados por viviendas en algunas zonas nos hacen presumir que hubo sobreprecios". ¿Cómo aclarar esta situación? El libro de actas de la directiva de Corpomir -asegura Guzmán- no incluye evidencia de que estas decisiones hayan pasado, como debieron, por esa instancia. Desde el punto de vista formal tampoco consta que haya habido, en efecto, acciones de compraventa. Lo que sí está claro es que los pagos se hicieron. "La Fiscalía podría ayudar llamando a las personas que aparecen como vendedores. Aunque de todas maneras ya estamos empezando a ubicar esos inmuebles que supuestamente transfirieron a Corposalud, un ente que nos quitaron". Queda, además, una interrogante política: "¿Se justifica que en menos de un año se gasten casi 23 millones de bolívares fuertes en casas para los médicos cubanos?". Entre las denuncias que ya reposan en Fiscalía está la de unos gastos en hoteles que aparentemente también serían para hospedaje de doctores venidos de Cuba. Un doble pago al Anauco Suites que suma 5 millones 600 mil bolívares fuertes (el mismo monto, 2 millones 800 mil, se pagó dos veces el 27 y 28 de noviembre) y otros 3 millones 500 mil cancelados al hotel Gran Casino, en los Altos Mirandinos, girados en las mismas fechas. "¿Más de 31 millones de bolívares fuertes en un año para mantener aquí a los médicos cubanos? Con eso hubieran construido unos cuantos ambulatorios...". Se buscan obras Otra averiguación en ciernes es la de una serie de pagos hechos a dos empresas con un socio en común: Constructora Arrasa y la firma Inversiones Arreamos. Inicialmente llamó la atención de la Procuraduría el hecho de que el Instituto de Vivienda y Hábitat de Miranda, Invihami hubiera pagado más de 4 millones 279 mil bolívares fuertes (4 mil millones de los viejos) a la Constructora Arrasa solamente el año pasado. "No hay constancia de cuáles fueron las obras que hicieron", se queja Guzmán: "Porque no dejaron nada, se llevaron hasta los archivos. Y en el estado Miranda, de paso, no se ven obras como para justificar esos desembolsos". El reporte de egresos de Invihami muestra que los pagos se hicieron por concepto de lo que se entiende como "conservación, ampliación y mejoramiento de obras". Pero ese es todo el detalle que manejan en la Procuraduría. Al revisar el documento, más abajo en la lista aparece Inversiones Arreamos y la familiaridad de los nombres de ambas compañías bien merecía una búsqueda. Arreamos recibió otros 2 millones 624 mil bolívares fuertes durante 2008 por "Construcciones de acueductos" y la Procuraduría no encuentra más respaldos de esos trabajos. Este aparente misterio podría resolverse de manera muy sencilla: las firmas están autorizadas en el Registro Nacional de Contratistas. Y en las dos figura como directivo y socio con 50% un empresario llamado Juan Carlos Arreaza Bustamante, quien, para más señas, es primo de Jorge Arreaza, el yerno del presidente Hugo Chávez que está al frente de Fundayacucho. El Universal intentó contactar a Arreaza Bustamante: en la Constructora Arrasa nadie atendió el teléfono, aunque sí lo hicieron en Arreamos y tomaron nota de la solicitud de información. Pero hasta ahí. De cualquier manera, con esa simple búsqueda la Procuraduría podría encontrar la explicación de en qué se invirtieron esos más de 6 millones 900 mil bolívares fuertes. El cambiazo En Miranda el despacho de la Contraloría está intervenido. Una enviada del contralor general ocupa el puesto y mientras se dedica a auditar las cuentas de la gestión de Enrique Mendoza y demuestra algún interés en las del actual gobernador, los números de Diosdado Cabello son revisados por el procurador. Y se encuentran cosas así: 150 millones de bolívares fuertes que estaban en el presupuesto y un día ya no: eso fue el 21 de noviembre de 2008, unas 48 horas antes de las elecciones regionales. El entonces gobernador firmó un decreto el 19 de noviembre en el que decidió tomar 150 millones de bolívares fuertes de la partida "Transferencias corrientes internas al sector público" y creó un nuevo "crédito prepuestario" de gastos de capital -"Transferencias de capital internas al sector público"- con esos millones de donde, finalmente, fueron pasados al Servicio Autónomo Fondo Nacional de Consejos Comunales, Safonacc; adscrito al Ministerio para las Comunas. El decreto explica que se hizo "para la ejecución de los proyectos de los Consejos Comunales, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley Orgánica de los Fondos Nacionales de los Consejos Comunales". Pero esta ley no existe. Lo que está vigente desde abril de 2006 es la Ley de los Consejos Comunales y su artículo 7 no se refiere a lo enunciado en el decreto de Cabello. El procurador Guzmán aporta algo más: "Ese decreto lo hicieron a las carreras y no se publicó en Gaceta, como debe ser. Y para poder hacer transferencias de gastos de capital, Safonacc tenía que haber presentado primero los proyectos de esos consejos comunales para Miranda. Cosa que no se hizo. De manera que esto puede calificar como distracción de fondos públicos. Y si esa superintendencia no entrega esos 150 millones a los consejos comunales de Miranda, eso se traduciría como una pérdida patrimonial". Señala también que por la cantidad de dinero involucrado en ese pase de un ente a otro, la decisión debió discutirse en el legislativo regional y no hay constancia -afirma- de que lo hayan hecho así. "Esto no es normal, lo normal es que la gobernación entregue la plata directamente a los consejos comunales, pero aquí se transfirió a otra parte, a una cuenta de Banfoandes". ¿Si no había proyectos concretos de los consejos comunales, por qué la prisa? Guzmán ensaya una explicación: "Lo que querían era dejar a la gobernación sin dinero. Se espalillaron 150 mil millones de los viejos de un solo golpe". La fecha en que se hizo efectiva la transacción de banco a banco refuerza la tesis: 28 de noviembre, es decir, cinco días después de haber perdido. Durante ese periodo de transición también se pagaron las facturas de hotel del caso que se presentó a Fiscalía: "Sin discriminar ni cuántas personas, ni cuántas noches. Lo que aparece es una orden de pago que señala que se trata de hospedaje para médicos cubanos para realizar estudios de genética en diversas poblaciones mirandinas. ¿Dónde están esos estudios? De lo que se trataba era de sacar el dinero rápido, sin importar errores como una factura del Ipsfa que era por 180 mil bolívares fuertes y la hicieron mal, pusieron 1 millón 300 mil y los pagaron". ommedina@eluniversal.com__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4062 (20090508) __________The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.http://www.eset.com
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