LECTURA PRINCIPAL ACTUALIZADA:
Militarismo judicial y democracias desarrolladas; por Ramón Escovar León
GNB SE LLEVA DETENIDA A OPOSITORA QUE ESTUVO PARADA FRENTE A UNA TANQUETA..19--04--2017--FOTO DE LEO ALVAREZ--(Resumido por vmgf)--
El uso de la justicia militar para procesar a civiles está relacionado con esa enfermedad del poder que es el autoritarismo militarista. En realidad, es un mecanismo empleado sin cortapisas por las dictaduras totalitarias: es por ello que las democracias avanzadas lo repudian. En la Alemania nazi, la Italia de Mussolini y la España de Franco, la justicia militar era común para militares y civiles. Tal mecanismo fascista fue desterrado en estos países después de la Segunda Guerra Mundial, salvo en España, donde perduró hasta la muerte del dictador. Con este método se reprimía y perseguía al opositor; y, en contraste, se protegía al violador de derechos humanos. Lo que pervive, todavía, como un hecho característico de cualquier régimen atávico que tiene una Constitución sin república.
El informe Goldman, en Perú, demostró que el gobierno de Fujimori usó la justicia militar para proteger a militares violadores de derechos humanos y perseguir a civiles opositores. Tales casos fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El núcleo de las razones esgrimidas, en el caso peruano, descansa en la idea de que los jueces militares no garantizan los necesarios requisitos de independencia e imparcialidad, al estar sometidos al régimen de obediencia propio del juramento militar.
Los mismos criterios del ordenamiento peruano rigen en Colombia. De acuerdo con el artículo 221 de la Constitución, el fuero penal militar queda restringido al sector castrense. Por consiguiente, no es posible enjuiciar a civiles bajo el manto de la legislación penal militar, porque, entre otras cosas, se viola el derecho a ser juzgado por el juez natural (artículo 49, ordinal 4 de la Constitución de Venezuela). Esto fue explicado con claridad por José Ignacio Hernández en un artículo de Prodavinci, en el que demuestra que el artículo 123 del Código Orgánico de Justicia Militar, que autoriza el juicio militar a civiles, no es aplicable en estos momentos por ser una norma preconstitucional e ir en sentido contrario a lo que dispone el artículo 261 de la Constitución que limita esta jurisdicción únicamente a “delitos de naturaleza militar”. Esto es, aquellos cometidos por un militar en servicio activo, por ejemplo, la venta de un secreto militar o la deserción. Estos no se extienden a los civiles en ningún caso, como ha sido regulado por el Derecho comparado. Recientemente la Sala de Casación Penal (sentencia Nro. 518 del 6 de diciembre de 2016) llegó a la misma conclusión. Este criterio debe extenderse a los jóvenes que protestan, que por ser civiles quedan fuera de la jurisdicción militar. La actividad política desplegada por los civiles no encaja en el tipo penal militar. Hacerlo es violar los derechos al juez independiente e imparcial. Estamos a la espera de que el Ministerio Público, en ejercicio de sus facultades, inicie el proceso judicial para aclarar esta situación que ha alimentado —con abuso de poder— las detenciones arbitrarias de jóvenes civiles que manifiestan pacíficamente.
Desde que se iniciaron los juicios militares a civiles —en esta nueva etapa represiva— con el enjuiciamiento del profesor Santiago Guevara, y ahora con la detención arbitraria de cientos de jóvenes que piden libertad, se ha potenciado este tipo de militarismo judicial. Esto ha violado directamente el derecho a ser juzgado por el juez natural, que no es otro que el juez civil. Ahora bien, como es ya un hecho notorio, el gobierno dejó de controlar al Ministerio Público que es, por mandato constitucional, el titular de la acción penal (artículo 285, ordinal 4to. de la Constitución). Para salirse de la suerte, han implementado el mecanismo del juicio militar y la imputación por parte de un fiscal militar.
Otro aspecto del problema es dejar claro el concepto de tipo penal militar y dejar de manejarlo con ambigüedad. Estas referencias vagas, ambiguas e indefinidas a los delitos militares quedaron evidenciada en las “sentencias” 155 (del 28 de marzo de 2017) y 156 (del 29 de marzo de 2017). En la primera de estas “sentencias” se declaró sin pruebas que la Asamblea Nacional había cometido actos que constituyen “Traición a la Patria (sic), como lo había referido el recurrente”; es decir, hicieron suyos los alegatos del solicitante (diputado del PSUV Héctor Rodríguez). De esta manera se habría podido activar la justicia militar en forma inmediata, a no ser por la reacción de la Fiscal General de la República quien declaró que dichas decisiones “representan una ruptura del hilo constitucional”. Entonces, aquí caemos en un asunto complejo: se trata de definir en qué consiste el delito de traición a la patria. Así, hay traición a la patria si un militar le vende secretos de seguridad al enemigo, pero nunca si una civil protesta pacíficamente, porque resulta violatorio de su derecho constitucional a la manifestación pacífica y sin armas, como lo autoriza el artículo 68 de la Constitución. En el mismo nivel de ambigüedad caen las acusaciones de rebelión y terrorismo que son usadas sin reparo cada vez que pretenden justificar sus violaciones a los derechos humanos. La rebelión y la traición a la patria sirven para amoldar cualquier conducta opositora, como ocurrió con la defensora de derechos humanos, Lisbeth Salas, según lo reporta El Nacional.
Sobre la base de lo anterior, es posible afirmar que haya una relación simétrica entre el fascismo totalitario y el juzgamiento de civiles por parte de la jurisdicción militar así como una relación asimétrica entre la justicia militar y la democracia. Es evidente que solo se trata de convertir la lucha política en un escenario de guerra, como acertadamente lo calificó Nicholas Casey en una publicación del New York Times, quien acusó al gobierno venezolano de utilizar la jurisdicción militar como si estuviésemos en guerra. Y si vamos a la raíz del asunto, esto se debe a que desde hace 18 años el discurso político está basado en el lenguaje militar. Recordemos que el general prusiano Carl von Clausewitz, en su libro De la guerra, acuñó la frase: “La guerra es la continuación de la política por otros medios”. La frase fue invertida por Michel Foucault para decir: “La política es la continuación de la guerra por otros medios”. Es la frase de Foucault la que aplica al caso de Venezuela. El sistema populista de la distribución de la riqueza no producida —como la petrolera—, hace política con herramientas militares, lo que es incompatible con el régimen de libertades que postula la Constitución venezolana.
Decía Georges Clemenceau que “la guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares”. Esta frase se puede reescribir así: “El enjuiciamiento a civiles es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los militares”. La justicia militar a civiles es una contradictio in terminis que atenta contra la libertad y los derechos humanos. Por eso, la Fiscal General de la República, apertrechada de sus facultades constitucionales, debe exigir el cese de los juicios militares a civiles, porque son violatorios de las garantías constitucionales.
FUENTE: http://prodavinci.com/blogs/militarismo-judicial-y-democracias-desarrolladas-por-ramon-escovar-leon/
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SEGUNDA LECTURA ACTUALIZADA
La sombra totalitaria; por Héctor Silva Michelena
Foto de Iñaki Zugasti--
¿Cuáles el valor de escribir cuando la sangre de nuestros hermanos corres por las calles? Recuerdo al gran Kotepa Delgado: “Escribe, que algo queda”, por eso me aferro a la letra e insisto. A pesar de la bestial represión, del crimen y el terror. La angustia y la sangre que aúlla en las calles. La hambruna, las enfermedades sin medicinas, la inflación destructiva, la inseguridad personal, la muerte epidémica, han generado un aumento de 65,79 por ciento de muertes maternas y de 30,12 por ciento de muertes infantiles, en un solo año, 2015-2016, según el último Boletín Epidemiológico del ministerio de Salud. Este nuevo “impasse” causó la destitución de la ministra Antonieta Caporale y su reemplazo por Luis López, hombre del siniestro El Aissami.
Desde la oscuridad de las tumbas donde yacen nuestros hermanos nos llegan los gritos de ¡libertad! Todo ser consciente, más acá de su ideología, ha comprendido el significado perverso de ese decreto donde el presidente convoca a una Constituyente, “con la finalidad de primordial de garantizar la preservación de la paz del país”, etc., amenazada por factores antipatrióticos que quieren “romper el orden constitucional” (¡!). ¡Oh, cinismo! No tengo que demostrar la grave inconstitucionalidad de ese decreto: ya nuestros constitucionalistas, en las Universidades serias y en las Academias, y en el mundo occidental, la han puesto de manifiesto. Sólo diré que basta con saber la diferencia ente “iniciar” y “convocar”: el presidente y otros actores, pueden iniciar el proceso, pero sólo el pueblo, “depositario del poder constituyente originario, puede convocar tal Asamblea “con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
Todo demócrata ha entendido que la ilegal e ilegítima convocatoria discrimina a los habitantes de Venezuela: el pueblo es el vigilado y controlado por el gobierno, llámense comunas, consejos comunales o de trabajadores, quienes son los “nuevos sujetos del Poder Popular”, que nos conducirán a un Estado de la Suprema Felicidad Social”. Este disparate supremo oculta, no una sana utopía, sino la pretensión de imponer unas bases comiciales propias de regímenes totalitarios de tipo fascista. Recordemos memoria.
Fascismo es el nombre de un movimiento político y de un régimen totalitario surgido hacia 1919 en Italia, que inspiró el nazismo, y el estalinismo, llevando a la Humanidad a los peores momentos de su historia, con la exacerbación de los prejuicios raciales, partidistas e ideológicos y al estallido de la Segunda Guerra Mundial, que costó 34 millones de vidas. La palabra italiana fascismo surgió en 1919, derivada del italiano fascio (grupo), tomada del bajo latín del siglo xii fascium, procedente del latín clásico fascis, que significaba ‘haz de leña’ o ‘puñado de varas’, pero que en las postrimerías del siglo xix se usó con el sentido de ‘organización política’. Los lictores romanos usaban el fascis para azotar a los culpables de algún delito, pero finalmente el instrumento de tortura acabó por convertirse en símbolo de autoridad e insignia del cargo de lictor: un haz de palos de abedul u olmo (símbolo del poder del castigo) alrededor de un hacha (símbolo del poder de la vida y la muerte), atados con tiras rojizas de cuero.
Nunca, en mis más de ocho décadas de vida, había vivido tan lúgubre perspectiva. Me pregunto: ¿en qué tipo de país vivimos? ¿Llamamos a esto socialismo? Los recientes acontecimientos confirmaron mi convicción: la tentación totalitaria se cierne sobre nosotros. ¿Qué es el totalitarismo? Es el dominio absoluto de una sociedad ejercido por el Estado, articulado con mitos sobre el pueblo soberano. Hannah Arendt definió su propósito: “El designio totalitario de conquista global y de dominación total ha sido el escape destructivo de todos los callejones sin salida. Su victoria puede coincidir con la destrucción de la Humanidad; donde ha dominado, comenzó por destruir la esencia del hombre”. Y en efecto, el gobierno, perdidas sus bases votantes, y desnudado por el “impasse” de la Fiscal, al verse en un callejón sin salida pidió socoro a Cuba: parió la Constituyente.
Como escribió el sociólogo Tulio Hernández, hace unos años: “Cuando en la política el debate de ideas y proyectos es sustituido por condenas morales y principios de fe, y cuando las palabras se usan intencionalmente fuera de contexto hasta vaciarlas de su significado, es porque el pensamiento totalitario ya llegó o anda rondando.” Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. […] toda la élite del poder rojo, debe saber a ciencia cierta que -como bien lo ha explicado Humberto García Larralde, en su libro El fascismo del siglo XXI– el fascismo es básicamente una práctica política orientada al dominio de la sociedad desde el Estado a partir de un conjunto articulado de mitos sobre el pueblo, lo patriótico, lo nacional y la superioridad étnica con el propósito de crear un ‘nosotros’ que debe defenderse de los ‘otros’, los que piensan y son diferentes, quienes representan un peligro y, por tanto, deben ser eliminados ya sea política, moral, ideológica y, cuando sea necesario, físicamente”.
Lo veo y lo siento en carne viva. Algunos objetarán estas reflexiones. Pero, en este sentido vale la pena traer al tapete al gran filósofo francés, Claude Lefort, fallecido en octubre de 2010. En su prolífica obra Lefort da al pensamiento un motivo para reconciliarse –y de paso reconciliarnos– con el acontecimiento clave que marcó a su tiempo y generación: el totalitarismo. El pensador nacido en 1924, sostiene que el fenómeno totalitario no surgió del vacío; no es fruto de seres malignos o mentes sádicas con complejos de inferioridad, ni tampoco es una forma velada que asume el Gran Capital o una casta burocrática para reafirmar su dominación sobre el proletariado. El totalitarismo, por el contrario, es la experiencia sociopolítica que define al siglo XX. No existe, según Lefort, otro acontecimiento que haya puesto a prueba de manera más palpable el sentido de lo humano y de lo inhumano, de lo justo y de lo injusto, como el totalitarismo. Todo es posible en la sociedad totalitaria. Nada del más acá le resulta ajeno.
Claude Lefort no comparte el optimismo de aquellos que afirman que el totalitarismo ya fue depositado por la democracia en el basurero de la historia. Desde su mirada, la democracia moderna no ha encontrado en el presente ni encontrará en el futuro la vacuna contra el virus totalitario. Siempre que la incertidumbre que activa la sociedad democrática deviene insoportable por razones políticas, económicas o sociales; siempre que el deseo de pensamiento es sustituido por una exigencia desmesurada de creencia, aparece en el horizonte inmediato el fantasma totalitario. Nada sencillo resulta vivir en una forma de sociedad en donde no existen garantías últimas sobre el sentido del poder, el derecho y el saber sino todo está sujeto a una invención permanente. La democracia, en clave lefortiana, es una sociedad que requiere inventarse a sí misma de manera constante o el riesgo de retroceder al totalitarismo es inevitable.
Y es este riesgo inminente el que han comprendido quienes apelan a la calle, su única vía clara, y arriesgan sus vidas, su trabajo, sus estudios, la tranquilidad de sus familias. De consolidarse en Venezuela, los costos humanos serían inmensos. Stephane Courtois, coordinador de Le libre noir du communisme. Crimes. Terreur, répresion, Éditions Robert Laffont, París, 1997, calcula el número de víctimas del totalitarismo comunista entre 95 y 100 millones de personas, lo que representa un 50 por ciento más que las muertes causadas por las dos guerras mundiales. Revivirlo es desafiar el dictamen de la historia: un fracaso económico y un nuevo genocidio. Insistir en semejante designio es entrar en la locura, definida como el acto de repetir lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados distintos.
Maduro conjura al poder originario del pueblo y a la Constitución. Recordemos la frase de Shakespeare: “”El mismo diablo citará las sagradas escrituras si viene bien a sus propósitos.” ¡A detenerlos ya!
FUENTE: http://prodavinci.com/2017/05/16/actualidad/la-sombra-totalitaria-por-hector-silva-michelena/
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ESTADISTICAS DEL BLOG HOY 17 DE MAYO 2017--A LAS 04:21 HORAS--CARACAS, VENEZUELA--
ResponderEliminarLECTURAS AL DIA Y HORA 112--AYER 768-- AL MES 12.548--HISTORIAL 221.330--FUENTES DE TRAFICO
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MIL GRACIAS A MIS FIELES LECTORES--DIOS LOS REGUARDE DE TODO MAL, Y A SUS FAMILIAS Y A SUS
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