RICARDO ANTELA: URIBANA: UN SECRETO MAL GUARDADO--GLOBOVISIÓN, CARACAS, 30--91--13--

Analistas 30 / 01 / 2013 - 06:56:42 Uribana: Un secreto mal guardado Ricardo Antela / Globovisión Share on emailShare on print Otra vez el gobierno de Venezuela, primero el de Chávez y ahora el de Maduro, culpa a los medios de comunicación de inducir la violencia en los establecimientos penitenciarios. Así lo hizo con las crisis en El Rodeo, en La Planta (Caracas) y ahora en Uribana (estado Lara). En sus declaraciones del 25 de enero, la Ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, informó que en razón de la violencia presente en esta cárcel, solicitó el apoyo de la Guardia Nacional para realizar una requisa, “circunstancia que, por razones obvias, no se informa”. Seguidamente, la ministra dijo haber sido “sorprendida” por la información que dieron Globovisión, las redes sociales y la web del diario El Impulso, de la requisa planificada, lo que –al decir de la ministra– constituyó un “detonante para la violencia” que –según ella– se evidencia con el inicio, horas después, de un motín al interior del centro penitenciario, durante el cual los cabecillas de las bandas arremetieron contra los efectivos de la Guardia Nacional. I ¡A ver! La ministra tiene el derecho, y así debemos reconocérselo, a no-informar anticipadamente sobre la requisa, presumo yo que con el propósito de intentar sorprender a los reclusos violentos. Esto era una opción tal vez razonable. Otro ministro pudo haber optado por informar anticipadamente con el propósito de estimular el cese inmediato de la violencia entre los reclusos. El caso es que, si bien la ministra tiene el derecho de informarlo o no, los periodistas –y en general cualquier persona– tienen también el derecho de buscar, recibir y difundir información sobre cualquier asunto de interés público. Quizás la ministra no quiera reconocerles ese derecho –como es usual en el gobierno nacional– pero ese derecho lo reconoce el artículo 58 de la Constitución, el artículo 13 de la Convención Americana y otros tratados internacionales de derechos humanos. De modo que, si por cualquier vía (legal), un periodista o un medio buscó y obtuvo la información sobre la requisa, y la difundió porque la consideró de interés público, lo hizo todo en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional, y los burócratas del poder no pueden perseguirlos o acusarlos por divulgar una información veraz, a menos que la haya difundido de mala fe (a sabiendas de que la información era un “secreto de estado” y la haya divulgado con la intención de incitar a la violencia). II Ningún periodista y ningún medio tenían por qué suponer o presumir en este caso que la información sobre la requisa era “confidencial” o “secreto de estado”. Menos aún si ya a las cuatro de la tarde del día jueves –antes de que Globovisión y otros medios difundieran la noticia de la requisa– cualquier persona podía observar a simple vista en las adyacencias de la cárcel, una gran movilización de efectivos castrenses y de al menos 12 tanques militares, y estaba restringido el tránsito de personas y vehículos en todas las vías adyacentes al centro penitenciario. A las cinco de la tarde, cuando Globovisión y la web del diario El Impulso informaron sobre la inminente requisa, era ya un hecho notorio para el público –y desde luego para los medios– la intención del gobierno de realizar una intervención militar en la cárcel de Uribana. Probablemente fue por esta razón que dos horas más tarde, y muy antes de que comenzara la requisa, el director de la penitenciaría, Nelson Bracca, confirmó la intención de realizar ese procedimiento en una declaración telefónica difundida por Promar Televisión (emisora de TV con señal abierta en el estado Lara), posteriormente transmitida en Globovisión. Con respecto a esta grabación, la ministra insinuó que Globovisión simuló o forjó el sonido telefónico de Nelson Bracca, director del penal, retó a esa planta a demostrar que el director hizo esas declaraciones, y pidió ver el video. “Yo he hablado con Bracca y él me dijo que no ha ofrecido declaraciones”. Bueno. La ministra debería presentir que –seguramente miedoso de enfurecerla (aún más) y para prevenir su destitución– el primer impulso del señor Bracca pudo haber sido el negar haber dicho lo que sí dijo. Yo no digo que la ministra deba destituirlo sin una investigación (porque el funcionario tiene derecho a que se le presuma inocente), pero la ministra debería al menos dudar y esperar el resultado de la averiguación. En todo caso, el director de la cárcel de Uribana no necesariamente incurrió en algo indebido. Yo presiento que él tuvo la intención de no dar información alguna sobre la requisa, pero se vio motivado (o forzado) a darla, cuando la movilización militar se hizo evidente y se vio interrogado al respecto por los familiares de los reclusos y por los medios de comunicación. En cuanto a la prueba de autenticidad del sonido telefónico, que la ministra exige a Globovisión porque la acusa veladamente de forjarlo, uno tiene también el peso de sospechar que, temerosa de fuertes represalias en su contra por parte del gobierno nacional, Globovisión pudo tener el arrebato de simular una declaración del señor Bracca, atribuírsela a otro medio y difundirla como si fuera auténtica. Pero cualquier televidente imparcial sabe, y lo sabe la ministra, que un truco tan burdo y torpe como este sería fácilmente descubierto con la tecnología actualmente disponible, y expondría merecidamente a Globovisión (y a los autores materiales del fraude) a sanciones graves y severas. Para cualquier televidente imparcial, la hipótesis del sonido falso es poco creíble. Pero admitámoslo. Que Globovisión haya cometido un fraude es una posibilidad (aún remota), y seguramente algunos venezolanos sospechan que esto pudo pasar. ¿Debe Globovisión probar la autenticidad del sonido para demostrar su inocencia, como lo exige la ministra? Yo presumo que Iris Varela conoce –porque ella es abogada– aquel antiguo aforismo jurídico según el cual, “affirmanti incumbit probatio” (a quien afirma, incumbe la prueba). Como me lo enseñaron a mí, seguramente se lo enseñaron a ella. Significa, básicamente, que la carga de probar una afirmación le corresponde a la persona que la hace. La carga de la prueba es la base de dos célebres presunciones jurídicas, que supongo también conoce la ministra: La presunción de buena fe (“la buena fe se presume”) y la presunción de inocencia (“toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad”). Son presunciones que admiten prueba en contrario, pero –y esto es lo relevante– quien acusa la mala fe o la culpabilidad de alguien, tiene que demostrar su acusación (es decir, el acusado no tiene que demostrar su buena fe ni su inocencia, ya que estas se presumen). Por lo tanto, la carga de probar una acusación tan grave como la hecha por la ministra, le corresponde a ella y no a Globovisión. En síntesis, si como lo afirmó la ministra, el haberse revelado prematuramente la intención de ejecutar la requisa fue (supuestamente) el “detonante de la violencia” durante la misma –y más adelante se verá que no fue así– la responsabilidad sería exclusivamente imputable a ella y a los funcionarios que participaron en la ejecución del procedimiento, quienes lo hicieron “visible” desde principios de la tarde del jueves. Ahora bien, ¿fueron estas informaciones o revelaciones la causa de la violencia, como afirma la ministra? ¿Puede culparse a los medios de comunicación o al director de la cárcel de haber incitado a la violencia con sus (supuestas) revelaciones? ¿Hay nexo causal entre las “revelaciones” del jueves con la violencia del viernes? III Para que un medio, un periodista o un funcionario sean acusados de incitar a la violencia, es preciso que quien los acusa demuestre, primero, la intención maliciosa del medio, del periodista o del funcionario; y segundo, que la conducta del medio, del periodista o del funcionario haya sido la causa inmediata de la violencia. Empecemos por lo primero. Yo me imagino que en las cárceles de Venezuela no se contrata para los reclusos “directiví” ni algún otro sistema de televisión satelital o por cable (en consecuencia, los reclusos no pueden ver Globovisión, porque carece de señal abierta en el estado Lara). Y me figuro también que a los privados de libertad en las penitenciarías venezolanas no se les permite tener y usar sin restricciones computadoras, tabletas, celulares inteligentes u otros medios electrónicos de comunicación con el exterior de la cárcel (y por tanto, no son libres de ver las redes sociales y las páginas web de los medios). De modo que –aún en el supuesto negado de que la información sobre la requisa fuera un hecho desconocido o ignorado por el público– ningún periodista de Globovisión o de El Impulso tenía por qué suponer que al difundir la información pocas horas antes de la requisa, los reclusos inmediatamente se enterarían de la misma y se prepararían para impedirla. Si los reclusos de Uribana (incluso los más violentos) pudieron ver Globovisión o la web de El Impulso, y enterarse anticipadamente de la requisa, es porque los funcionarios del Ministerio les permiten ver televisión satelital o por cable y acceder sin límites a computadoras y otros medios electrónicos. ¿Cómo podría el gobierno explicar semejante irregularidad? Pero es que –aún en el supuesto negado de que la información sobre la requisa hubiera sido una primicia o un “tubazo” de algún periodista, y de que los reclusos ven Globovisión o usan sin restricciones computadoras o teléfonos–, los periodistas no tenían por qué suponer que al difundir esa información, pocas horas antes de la requisa, los reclusos tendrían la potencia de impedirla y de atacar a un poderoso contingente de efectivos y tanques militares. Si es que sucedió lo contrario y los reclusos estaban suficientemente armados para impedir la requisa, para atacar a los funcionarios militares o para atacarse entre ellos mismos, corresponde a la ministra–y no a los medios– investigar y explicar cómo llegaron a la cárcel de Uribana las armas usadas por los privados de libertad, que habrían podido entrar a la penitenciaría únicamente con complicidad de funcionarios públicos. Vale decir, este hecho ya fue reconocido por el presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, diputado Andrés Eloy Méndez, quien declaró a la estación oficial VTV que “12 Guardias Nacionales y un tanto más de funcionarios del Ministerio están a la orden de la Fiscalía por complicidad en el pase de armas y municiones a los recintos penitenciarios”. Con respecto al segundo aspecto planteado –si la conducta de los medios, del periodista o del director de la cárcel, pudo haber sido la causa inmediata de la violencia–, basta repasar el comunicado leído por la ministra el pasado viernes 25 de enero, para darse cuenta que ella mismo admitió que venían ocurriendo “hechos violentos” en la cárcel de Uribana “de manera constante y reiterada y que habían alcanzado su mayor dimensión el día 14 de noviembre de 2012” (hace dos meses), lo que al decir de la ministra, “hizo necesario llevar a cabo una requisa para el desarme total de la población penitenciaria”. Aún más, la ministra reconoció que “hace 48 horas” (es decir, el miércoles 23 de enero a las 3 pm) recibió información acerca de la violencia por ajuste de cuentas entre bandas internas, e incluso reconoció que esa fue la razón por la cual el Ministerio requirió el apoyo de la Guardia Nacional para realizar esta reciente requisa. Esta violencia intensa y reiterada, previa al procedimiento militar, fue ratificada posteriormente por el antes nombrado presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, quien declaró que “días antes de iniciarse el proceso de incautación en Uribana se generó una rencilla entre ‘el Chueco’ y ‘el Gordo’, ambos liderazgos negativos, por el control interno del penal”. Incluso dio a conocer que los estudios patólogos forenses revelan que hay cuerpos con “varios días de fallecidos, probablemente desde antes del viernes”. ¿Cómo puede entonces culparse a los medios, o a quienes informaron sobre la requisa, de provocar o incitar a la violencia, si esta precedió a la información y se inició mucho antes de que los medios o el director de la cárcel de Uribana dieran información sobre el procedimiento? ¿Cómo puede culparse de la violencia a los medios si esta se inició hace dos meses (al menos) y fue, precisamente, la causa del procedimiento? Resulta obvio que la violencia fue la causa de la requisa, y no la consecuencia. La requisa (o informar sobre la misma) no fue la causa de la violencia, al revés; la violencia ocasionó la requisa. Dicho con una expresión que está de moda entre los venezolanos: La violencia en Uribana no fue “sobrevenida” a las informaciones de los medios. No hay relación causal entre estas informaciones y la violencia posterior. IV En resumen, todo parece indicar que por causa de una disputa entre bandas, desde el pasado miércoles 23 de enero se agravó la situación de violencia en la cárcel de Uribana. A causa de ello, funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario acordaron (privadamente) con algunos reclusos la ejecución de la requisa. El jueves en la tarde, una multitud de efectivos militares desplegó tanques y restringió el tránsito en las adyacencias de la cárcel, con lo cual la operación militar se hizo visible y transparente para los medios que, inmediatamente, sin esperar confirmación oficial y con todo derecho, informaron de manera veraz sobre unos hechos de relevancia pública. Más tarde, el director de la cárcel confirmó lo que era ya un hecho notorio público y comunicacional. Al día siguiente, el viernes, se inició un motín, pero no por causa de las informaciones en los medios –como dijo la ministra–, sino porque al inicio del procedimiento –y esto lo reveló el nombrado presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional– específicamente en el protocolo previo de cacheo (o registro), “un grupo de rebeldes bajo un liderazgo negativo que se resistía a la exploración abrió fuego contra los privados de libertad que sí estaban de acuerdo”. Los hechos demuestran que estas acusaciones contra los medios de comunicación son parte de la cruzada emprendida (hace tiempo ya) por el gobierno nacional para hacerle pensar al mundo que problemas “reales” de los venezolanos como la crisis de gobernabilidad en el Poder Ejecutivo (por causa de una sentencia vergonzosa), las dificultades en las finanzas públicas, los problemas de abastecimiento de alimentos, la inseguridad ciudadana, o este completo caos en el control de las cárceles, son solamente una “sensación” o una “percepción” promovida por los medios de comunicación. En el fondo, esta acusación del gobierno es otra maniobra para “hacerse el sueco” con los padecimientos reales de los venezolanos, desviar nuestra atención de los mismos y hacernos creer que el gobierno de Nicolás Maduro está realmente ocupándose de ellos. Entretanto, Maduro está inaugurando escuelas en Barinas, retratándose con la familia del presidente y promoviendo en el país la marca “Chávez”… O sea, anda en campaña electoral.