an transcurrido diez días desde que el presidente Nicolás Maduro, quien gobierna bajo el desconocimiento de 61 países del mundo, ordenó a la población venezolana a cumplir una cuarentena social tras confirmarse que el virus que causa la gripe y neumonía COVID-19 comenzó a circular en el país. Cuando se supo del primer caso en Brasil y luego en Colombia, países fronterizos con Venezuela, se sabía el riesgo latente que corría la nación de volver a enfrentar otra epidemia.
La preocupación se incrementó al tener en cuenta la crisis sanitaria que ya atraviesa Venezuela: desde un déficit de camas y fallas de infraestructura en sus hospitales públicos, un acceso poco eficiente e irregular a insumos médicos y medicinas hasta el reducido número de médicos y enfermeras que han dejado de trabajar por los bajos salarios que ofrece una economía marcada por la hiperinflación y la recesión.
Es más: Venezuela enfrenta una nueva pandemia mientras que otras enfermedades, eliminadas en el pasado, se vuelven a propagar en el territorio, como la malaria, la difteria y el sarampión. Las dos últimas infecciones volvieron porque el Estado no pudo mantener en óptimas condiciones las coberturas de vacunación en más del 95% de todo el país, como lo ha denunciado ampliamente la Sociedad Venezolana de Salud Pública y como quedó asentado en un informe que se presentó en 2018 ante el Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La incidencia de estas enfermedades, y otras de notificación obligatoria, aumentan en medio de lo que se ha bautizado como "silencio epidemiológico", que hace referencia al ocultamiento, ya desde hace dos años, del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, que ha impedido, entre otras cosas, que el personal de salud tome decisiones para prevenir que la población enferme.
Descrito así el panorama de la salud pública en Venezuela, que despertó la preocupación incluso de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el clamor compartido por los venezolanos se resume en la siguiente afirmación: se asume que el problema no es enfermar, sino conseguir atención adecuada en la red de salud pública.
Apalancados en esta premisa, el confinamiento colectivo, descrito como una de las medidas de prevención y contención más efectivas para detener el avance de COVID-19, se ha cumplido en 90%; al menos esa es la estimación de la que hacen eco los funcionarios que conforman la Comisión Presidencial, en quienes recae la vocería de todo lo relacionado con la enfermedad provocada por un nuevo coronavirus. Irónicamente, el Ministerio de Salud, como ente rector de las políticas sanitarias, no ha tenido voz en las alocuciones públicas, aunque su representante, Carlos Alvarado, participa en las reuniones.
El 13 de marzo, la vicepresidente Delcy Rodríguez confirmó los dos primeros casos de COVID-19 en Venezuela, que habían llegado en un vuelo de Europa. Ambos, según la versión oficial, son procedentes del estado de Miranda. Días después, Maduro decretó el Estado de Alarma, figura de Estado de Excepción contemplada en la Constitución Nacional, para atender la epidemia. En esta medida se ampara la cuarentena social. Mantener las calles y avenidas del país prácticamente vacías ahora es una responsabilidad que pesa también sobre funcionarios policiales y militares.
Ahora, Maduro aspira a elevar en 95% la cuarentena. La orden en las calles es dejarlas "limpias", incluso la poca afluencia de transeúntes fue propicia para el emprendimiento de una labor de desinfección de las vías. En principio, Maduro recomendó el uso de mascarillas a toda la población que se movilizara. Pero algo jugó en contra: el Gobierno no ofrecía tantas mascarillas para proteger a la población y las personas no contaban con 300.000 bolívares -unos 3.5 dólares- para comprarlas en una farmacia. En Venezuela, el salario mínimo equivale a 2.3 dólares.
Las contradicciones no solo quedan en las medidas de prevención. Los datos de nuevos casos ofrecidos por el Estado carecen de información técnica. Hasta ahora, de acuerdo con el último parte oficial, hasta el 27 de marzo, el país acumuló 113 casos de COVID-19 confirmados. El foco de la epidemia se mantiene en el estado Miranda donde hay 46 casos confirmados.
Aún hay dudas sobre cómo harán las personas que tiene consultas médicas por distintas enfermedades y deben cumplir sus tratamientos. Una infectóloga me comentó que recibió denuncias de pacientes a los que les impidieron acercarse a los hospitales en Caracas. Supe del caso cercano de un familiar que vive en Valencia, una ciudad que queda a dos horas y media de la capital, que no sabe aún cómo trasladarse al servicio de Oncología del hospital Dr. Domingo Luciani, porque no hay transporte y debe someterse a su quimioterapia, cuyos ciclos son cada 21 días. Las consultas están suspendidas también. Los hospitales solo atenderán emergencias.
El Gobierno dispuso de 46 hospitales grandes para atender casos posibles de COVID-19. Pero, de acuerdo a la ONG Médicos Unidos, que tiene en su organización una red de médicos en gran parte de los centros asistenciales del país,no todos los establecimientos de salud cuentan con suministros de insumos ni cupos suficientes para tratar a la población afectada. El Gobierno, en el transcurso de la semana, dio anuncios de que el presidente Maduro habló con el director de la OMS para solicitar asistencia humanitaria, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI), instancia que el chavismo ha cuestionado desde hace 20 años, negara ofrecer un préstamo de 5 mil millones de dólares para asistir al país ante la emergencia que supone la epidemia y el colapso de la red pública. Pero en medio de los anuncios, la calma parece imperar en las calles, las personas hacen sus diligencias tranquilas, aunque el sentimiento de expectativa de cuánto tiempo se extenderá la medida aún permea en los venezolanos.
Armando Altuve es un periodista venezolano que cubre temas de salud pública y política. Actualmente, pertenece a la Unidad de Investigación del medio El Pitazo.
Más: https://saludconlupa.com/noticias/desde-venezuela-una-pandemia-en-medio-de-la-crisis/
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PANDEMIA Y POLITICA EN VENEZUELA
Venezuela necesita una tregua política para lidiar con el coronavirus
Soy un médico y no un militante partidista, por ello hago un llamado a que los bandos políticos de mi país lleguen a un acuerdo para enfrentar juntos esta pandemia.
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MARACAIBO, Venezuela — La pandemia de COVID-19 es la gran crisis global de salud de este siglo. Las personas infectadas aumentan cada día exponencialmente. Y también el número de muertes. Los gobiernos, parece, no estaban preparados para esta emergencia: los países más ricos han actuado poniendo en cuarentena a ciudades y regiones enteras y dando más recursos a sus sistemas de salud. Y, aún así, no se ha logrado contener al virus.
¿Qué esperanza queda para países que ya estaban en crisis antes del coronavirus? Ese es el caso de mi país, Venezuela. Yo soy solo un médico intensivista sin militancia partidista, y creo que la emergencia que estamos por enfrentar demanda menos política y más solidaridad.
La situación de Venezuela es inusual. Desde hace casi una década, mi país vive una crisis política. El país lleva poco más de un año con dos presidentes: Nicolás Maduro —designado por el extinto líder socialista Hugo Chávez— y Juan Guaidó —líder de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por más de medio centenar de naciones—. No es lo único que está bifurcado en Venezuela: toda la vida, incluso los aspectos más cotidianos, está polarizada entre chavistas y opositores. Son dos bandos que no admiten detractores o críticos y cuyos distintos intentos de negociación y diálogo han fracasado sin llegar a acuerdos.
Esa radicalización exacerbada podría amenazar la salud y vida de aproximadamente 26 millones de venezolanos que quedan luego de una diáspora migratoria de casi 6 millones de personas. Ante un hecho de fuerza mayor como la pandemia es necesario suspender la confrontación y actuar unidos de inmediato. No hacerlo podría comprometer la lucha contra el coronavirus en un país especialmente vulnerable pero también en el continente.
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La situación al interior de Venezuela, donde el 80 por ciento de los hogares se encuentran en inseguridad alimentaria, rápidamente podría tornarse en un escenario desalentador: el sistema de salud del país está deteriorado y hay un alto porcentaje de la población que depende enteramente de la salud pública. Buscar maneras de darle recursos a los hospitales y a los trabajadores de la salud —quienes estaremos en la primera línea de batalla— para manejar esta crisis es un imperativo de vida o muerte.
Pero el nuestro también es un problema que trasciende las fronteras del país. Por su ubicación continental —un plexo entre el Caribe y Suramérica—, Venezuela posee gran importancia en la actual coyuntura sanitaria. Su extensa y porosa frontera con Brasil y Colombia y su conexión con el Caribe la convierten en un potencial punto de distribución de la pandemia, aun a pesar del relativo aislamiento en el que ya se encuentra. El manejo de la expansión del coronavirus en el territorio podría determinar su rumbo en el resto de la región.
Desafortunadamente, ni chavistas ni opositores dan muestras de acercamiento o diálogo con relación a este reto sanitario. Y debo ser portador de malas noticias: si no se unen y hacen un paréntesis a su confrontación para lidiar con todos los esfuerzos y recursos posibles esta crisis, tendremos en nuestras manos una catástrofe.
Si las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer frente a la situación se aplican a Venezuela, se necesitarían 1400 camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI). En su lugar, contamos —sumando las públicas y privadas—, con menos de cien, mal dotadas y ya ocupadas por pacientes con otras patologías graves como traumas o infecciones, según ha informado recientemente la Asociación Venezolana de Clínicas Privadas. En nuestros hospitales hacen falta suministros básicos: el 53 por ciento de estos no cuentan con mascarillas.
No solo eso. La falta de diálogo entre bandos políticos podría dar pie a estrategias erráticas o contraproducentes, como pasó el 16 de marzo en la Guajira venezolana. Ese día vi cómo personal militar retuvo en el puente sobre el río Limón —que enlaza la población colombiana de Paraguachón con Maracaibo, la segunda mayor ciudad venezolana—, a cerca de 3000 venezolanos, que regresaban de Colombia (a donde habían ido a buscar alimentos), hacinadas y sin tapaboca con la pretensión de devolverlas a la frontera.
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A medianoche, comenzaron a trasladarlos amontonados en grupos de hasta 200 individuos en autobuses cerrados, dejándolos finalmente abandonados a la intemperie al norte de Maracaibo.
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Esta acción inexplicable se contrapone a las recomendaciones de la OMS. Un abordaje eficiente de la pandemia requería un operativo con personal sanitario, resguardado por personal militar subordinado, con los respectivos elementos de bioseguridad para el despistaje, higiene, logística, reseña y separación de la población con síntomas, trasladándola a lugares especiales para realizarle la prueba diagnóstica cumplir cuarentena supervisada cuando fueran probados positivos. Dada la probable presencia de contagiados al congregar a tantas personas juntas en las peores condiciones, probablemente se incrementó exponencialmente la transmisibilidad.
El gobierno debe evitar que se repitan incidentes como este y tomar en cuenta las recomendaciones esenciales para evitar la transmisión del virus. Pero toda la clase política —oficialistas y opositores— debe hacer una pausa a las rencillas para atender en conjunto planes de contingencia y asignación de recursos a nuestro arruinado sistema de salud.
El efecto nocivo de la polarización afecta también a nuestras posibilidades de obtener una muy necesaria ayuda internacional. El Fondo Monetario Internacional rechazó la solicitud de Maduro de prestarle al país 5000 millones de dólares para fortalecer la detección y los sistemas de respuesta.
Podría sonar ingenuo, pero la situación de Venezuela necesita algo de candidez en este momento: es hora de dejar a un lado la politización que impregna todas las áreas de nuestras vidas. Esta emergencia demanda unión.
El oficialismo liderado por Maduro y la oposición encabezada por Guaidó deben establecer las bases para hacer una tregua temporal y darle autoridad plena a un grupo de profesionales de salud que puedan diseñar y dirigir un plan de manejo de la crisis. Ese grupo debe funcionar como una comisión sanitaria única con posibilidades de tomar decisiones y ejecutarlas. Los militares no deben ser la máxima autoridad en una emergencia de salud, por lo que las fuerzas armadas deberían estar subordinadas (y apoyar en lo necesario) a este grupo de expertos de la salud.
Y, por último, Maduro y Guaidó podrían hacer juntos una solicitud urgente a los organismos multilaterales para pedir y coordinar asistencia humanitaria. Solo así podremos enfrentar la llegada de este virus inédito y letal.
Franz de Armas es doctor venezolano con treinta años de ejercicio profesional, especializado en medicina interna y en cuidados intensivos, y miembro de la Society of Critical Care Medicine y la European Society of Intensive Care Medicine.
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